Agentes de la Policía Nacional especializados en la lucha contra el tráfico de drogas y dentro de la denominada Operación Teresa II, han puesto fin a un entramado delictivo establecido en la ciudad de Jerez cuyo objetivo era el cultivo y procesado de marihuana (cannabis sátiva) para introducirlo directamente en el mercadonegro local, nacional o europeo, para sus fines los detenidos habían ocupado y transformado totalmente cinco viviendas ubicadas en un mismo bloque de viviendas de ocho alturas propiedad en su totalidad de la Junta de Andalucía, y cuyo fin debe ser el de ofrecer alquileres sociales a personas con pocos recursos.
La intervención derivó de una investigación comenzada hace varios meses en la cual se requisaron varios kilogramos de esta sustancia a bordo de un vehículo conducido por dos varones en la zona sur de Jerez, los individuos trataron en aquella ocasión de darse a la fuga pero fueron interceptados y detenidos por los agentes, en las pesquisas posteriores se demostró que estos individuos pertenecían a grupos delincuenciales establecidos en la cercana ciudad de Sanlúcar de Barrameda y que se habrían desplazado expresamente a la zona de la barriada de la Constitución en Jerez para realizar la compra de la sustancia intervenida.
Siguiendo este hilo investigativo para localizar a los suministradores en la zona, los agentes profundizaron en las pesquisas, averiguando como en un bloque de viviendas de la Plaza Santa Teresa de Jesús, se estaban utilizando varias viviendas ubicadas en diferentes alturas como lugar de cultivo y procesado de plantas de marihuana por un mismo grupo delictivo, todo ello quedó constatado además por diferentes indicios claros de la actividad ilícita que se estaba produciendo, tales como el fuerte olor irritante desprendido de estas plantas, calor excesivo en las paredes de las viviendas, filtraciones de agua en techos y paredes, ruido constante de aparatos de aire acondicionado, así como el gran consumo de fluido eléctrico en la comunidad. Todo ello, junto con la presencia constante de personas ajenas a la finca, contribuyó a un detrimento evidente de la calidad de vida del resto de vecinos del bloque, personas y familias de condición económica humilde que se veían además coaccionados para que no manifestaran sus quejas.
Una vez presentadas todas estas pruebas ante la Autoridad Judicial, se concedieron los pertinentes autos para practicar los registros simultáneos en cinco viviendas del mismo edificio, concretamente en las plantas segunda, cuarta y octava, cabe reseñar que todas las viviendas se encontraban en régimen de alquiler por la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía.
La operación policial arrojó un resultado de 8 detenidos y la intervención de 808 plantas de marihuana, multitud de utensilios y aparatos para el cultivo de esta sustancia; 54 balastros magnéticos, 45 conjuntos de lámparas halógenas, 18 ventiladores, 08 cuadros eléctricos, 08 filtros de carbono, así como 03 bidones de fertilizantes además de setenta y 71 comprimidos de anabolizantes, 751 euros y 146,8 gramos de hachís.
Los detenidos son cinco varones y tres mujeres entre 19 y 51 años de edad, a todos ellos les constan antecedentes anteriores, y fueron detenidos como presuntos responsables de los delitos contra la salud pública y de defraudación de fluido eléctrico, siendo trasladados a la Comisaría de Jerez donde ingresaron en el área de calabozos.
Todas las instalaciones desmanteladas se nutrían de energía eléctrica mediante enganches ilegales artesanales a los cuadros de contadores de la luz comunes del edificio, suponiendo un peligro real y grave de incendio por sobre carga, riesgo que en edificios de tantas alturas y viviendas pueden adquirir extrema gravedad.
Inmediatamente después de dar por terminado el atestado policial, los detenidos fueron escuchados en declaración por la Autoridad Judicial competente en funciones de Guardia.
La investigación ha sido efectuada por el Grupo de Estupefacientes adscrito a la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional, siendo apoyados en su intervención por vehículos uniformados de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de la Policía Nacional en Jerez de la Frontera y por el Grupo Beta de Policía Administrativa del Cuerpo de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz).