En relación a las protestas realizadas hoy por un grupo de parcelistas de la finca Haza Larga, el teniente de alcaldesa de Urbanismo, Medio Ambiente e Infraestructuras, José Antonio Díaz, ha señalado que “estamos ante un caso de parcelación ilegal, un delito urbanístico de extrema gravedad y nuestro deber como administración es restablecer la legalidad urbanística”.
El teniente de alcaldesa mantuvo un reciente encuentro con este colectivo de parcelistas de la citada finca, sobre la que se realizó en su día una parcelación no autorizada de más de 53.000 metros cuadrados. La finca está situada en suelo no urbanizable (rústico) de especial protección junto al Parque Tecnológico Agroindustrial, y próxima al Aeropuerto de La Parra.
En aquella ocasión, José Antonio Díaz mostró su comprensión hacia estas familias, “lamentamos su situación, pero estamos ante una parcelación ilegal, y el Ayuntamiento está obligado a hacer cumplir la legalidad, como también indican la Junta de Andalucía y el Seprona, y no hay más solución que la demolición”.
Como ha señalado el teniente de alcaldesa, en aquella reunión, se les informó de que el objetivo del Ayuntamiento es el restablecimiento de la legalidad urbanística de la finca, que consta de 108 parcelas con alto nivel de consolidación debido a la presencia de edificaciones, construcciones e instalaciones varias que están fuera de ordenación.
En este sentido, durante el encuentro se pusieron en común datos y referencias sobre la situación de la finca, y se les informó de las medidas iniciadas por parte del Ayuntamiento para el restablecimiento del orden urbanístico, entre las que figuran gestiones para los cortes de suministro eléctrico y de agua y la filiación de los distintos parcelistas.
Igualmente, se comunicó a los parcelistas que se han realizado las oportunas comunicaciones al Ministerio Fiscal y al Registro de la Propiedad para que tengan conocimiento de la incoación de los expedientes.
Entre las propuestas que se plantearon en la reunión se contemplaba la posibilidad de aplicar como atenuante la colaboración de los propietarios en la restitución del orden urbanístico infringido.