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Este lunes ha comenzado en la Audiencia Nacional el juicio contra los hijos del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, fallecido en 2015, por el caso Nueva Rumasa. La Fiscalía pide 16 años de cárcel para cada uno de los hijos de Ruiz-Mateos por estafa, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y contra la hacienda pública. Junto a los Ruiz-Mateos, también se sientan en el banquillo otras nueve personas que tuvieron distintas responsabilidades dentro del grupo empresarial de los Ruiz-Mateos.
En esta primera sesión, en el momento de las cuestiones previas, las defensas de los hijos del empresario han solicitado la nulidad de las pruebas vinculadas a la información que aportó Joaquín Yvancos, jefe de los servicios jurídicos de la familia entre 2002 y 2010, a la Fiscalía Anticorrupción sobre las actividades de Nueva Rumasa.
Así, han alegado que Yvancos podría haber quebrantado el secreto y la lealtad profesional, una opinión que también han refrendado el resto de defensas y a la que se ha opuesto la Fiscalía. No obstante, el presidente del tribunal ha determinado que resolverá esta petición cuando se dicte sentencia.
Nueva Rumasa era un conglomerado de empresas controladas por los Ruiz-Mateos a través de sociedades radicadas en su mayoría en paraísos fiscales (Belice, Panamá y Holanda, fundamentalmente). Hasta el momento se han llegado a localizar a 171 empresas).
Según la Fiscalía, para dirigir y gestionar ese grupo societario y sus complejos flujos financieros los acusados Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos, junto con su padre, contarían con un pequeño grupo de fieles colaboradores entre los que se encontrarían los acusados Zoilo Pazos y Alfonso Barón, así como José Ramón Romero, Rufino Romero, Ricardo Álvarez y el abogado Manuel Sánchez Marín.
Anticorrupción también acusa de un delito de alzamiento de bienes a Ángel de Cabo Sanz, Fernando Juan Lavernia e Iván Manuel Losada, por presuntamente haber pactado con los hijos de Ruiz-Mateos la compra de sociedades de Nueva Rumasa tras la emisión de pagarés, «con el fin de controlar los concursos de acreedores (…) y salvaguardar en lo posible el patrimonio personal de la familia». Asimismo, están encausadas 58 personas jurídicas como responsables civiles subsidiarias y nueve personas físicas en condición de partícipes a título lucrativo, entre ellas Yvancos.
Una deuda de más de 577 millones
El Ministerio Público señala en su escrito de acusación que a principios de 2009 «la situación económica y financiera del Grupo Nueva Rumasa era de una considerable gravedad, pues tenía deudas acumuladas por importe de 577 millones de euros y carecía de liquidez para hacer frente a sus compromisos económicos y para sostener la actividad regular de las empresas”.
Inicialmente, con el objetivo de obtener la liquidez necesaria, procedieron al descuento bancario de efectos, mediante el uso de sociedades instrumentales carentes de actividad y de personal para emitir facturas por operaciones inexistentes para presentarlas a descuento en los bancos.
Sin embargo, una vez empezó a ser ineficaz este procedimiento, los gestores de la empresa recurrieron a un nuevo mecanismo mediante la emisión de pagarés, que se realizó sin desvelar la complicada situación del ‘holding’. Según la Fiscalía, mediante este sistema obtuvo unos 337 millones de euros aportados por 4.110 particulares. De este importe, se quedaron sin devolver unos 289 millones.
La Fiscalía sostiene que estos fondos “fueron redirigidos a una caja única en una sucursal del banco Etcheverría en Madrid de la que los acusados disponían, en función de las necesidades” del grupo, aunque también sostiene que sirvieron para hacer frente a “cuantiosos gastos de índole personal del clan familiar”.
En el escrito también se apunta que, ante la inminente caída del emporio empresarial, los seis acusados comenzaron a urdir una trama para ocultar e intentar salvaguardar su patrimonio.
